De la brujería a la medicina: medir la reincidencia de los presos en Uruguay

Una linda mañana con los jóvenes talentosos de No toquen nada trajo a mi corazón y a mi cabeza un tema que vengo planteando públicamente toda vez que puedo desde 2016. Ni que decir tengo, vistos los años transcurridos, que el fracaso de mi prédica es estruendoso. Pero como el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo (dijo un sabio inglés), aquí voy de nuevo. 

Desde hace mucho, mucho tiempo, autoridades ministeriales de todos los partidos, autoridades partidarias, legisladores, periodistas que informan sobre temas carcelarios, organizaciones de la sociedad civil, en fin, todo el que anda en la vuelta y algo de pito toca, o quiere tocar, señala con soltura envidiable la cifra de reincidencia en el sistema carcelario. Cito solo las que recuerdo haber leído o escuchado: 

• El sistema penitenciario tiene un 70 % de reincidencia.
• El sistema penitenciario tiene un 60 % de reincidencia.
• El sistema penitenciario tiene un 65 % de reincidencia.
• La reincidencia del sistema penitenciario bajó del 60 % al 52 %.

Sepa, querida gente, que todas esas cifras, o cualquier otra que se maneje, no tienen el más mínimo asidero. Son suposiciones, inferencias equivocadas, bolazos, o todo junto. Elija usted la calificación que le apetezca.

Acompáñeme, y veamos primero qué se entiende por reincidencia, luego cuál es la importancia de contar con ese dato y por último, si lo persuado de que ese dato es útil, si el país puede hacerse de él o no. 

En primer lugar, y para decirlo claro y breve: medir el porcentaje de reincidencia de un sistema penitenciario supone hacer un seguimiento minucioso de todas las personas liberadas por el sistema en un período —solo en el 2019 fueron 7000— a través de un dispositivo de información confiable y auditable, para saber si en un plazo acordado entre los actores implicados —tres años es un plazo que la comunidad científica internacional encuentra razonable—volvieron a cometer algún delito. 

Ese estudio en Uruguay nunca se hizo, por lo tanto no se sabe cuál es el porcentaje de reincidencia del sistema penitenciario.

Ahora bien, para que el estudio sea útil debe incluir, además del porcentaje bruto de reincidencia, otras variables. Menciono solo algunas a título ilustrativo: género, edad, tipo de delito, unidades por las que transcurrió la prisión anterior, nivel educativo, trayectoria laboral, lugar de residencia…, en fin, todas las que se estimen útiles para el trabajo penitenciario o pospenitenciario.

Si fui claro, el párrafo anterior intenta persuadir de la importancia de contar con estos datos. Esto es, si queremos que las políticas públicas tengan chances razonables de éxito deben estar basadas en evidencias. Para ser más claro: información precisa, consolidada y auditable en este terreno puede sugerir, por ejemplo, que el problema de reincidencia es mayor en los jóvenes hombres de 18 a 24 que cometieron rapiñas, o en los ofensores sexuales, o en las mujeres jóvenes pobres con hijos, o en los que transcurrieron su privación de libertad anterior en el penal de Libertad, o en los que no tuvieron visitas. En fin, elija usted el ejemplo que le plazca. Y ese dato confiable y auditable permitirá adoptar políticas, programas, iniciativas que atiendan los problemas detectados.

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Le propongo un ejercicio.

Imagine usted al ministro de Salud diciendo públicamente: «Este año tuvimos 12.000 enfermos». Y que se le preguntara si fueron de gripe, gastritis, covid-19 u otra dolencia y que él no supiera. O que le preguntaran si fueron hombres o mujeres y no supiera, o que no supiera cuántos corresponden a cada departamento, o que no supiera los tramos etarios de los enfermos. Estaría, con razón, en problemas. Pero si además, después de semejante demostración de debilidad, siguiera tal ministro definiendo las políticas públicas de salud en Uruguay, estaríamos todos en problemas. Elija usted el ministro que desee, o cualquier autoridad con jurisdicción nacional y haga el mismo ejercicio: se le pararían los pelos de punta en más de un caso.

Sin embargo, en Uruguay y en América Latina toda, sin excepción, tratándose de cuestiones algo sofisticadas de presos, a nadie se le para un pelo. ¡Y lo mal que hacemos! ¡Qué daño innecesario!

Por último, una buena noticia a modo de propuesta. Uruguay cuenta con las condiciones para realizar la tarea, a saber:

1. Tiene un Instituto de Estadística confiable e irreprochable al que encomendarle la tarea.
2. En todos los partidos políticos hay gente conteste en avanzar en esta tarea, de modo que es razonable suponer que puede construirse consenso en torno a la iniciativa.
3. El sistema de cárceles mejoró mucho la calidad de la información de la que dispone.
4. No hay dificultades geográficas ni climáticas para acceder a todas las unidades.
5. Tiene muy buena conectividad en todo el territorio.
6. La inversión que dicho estudio supondría, en el marco general del presupuesto del Estado, sería residual.

En síntesis, y a lo Matías Britos: es necesario, es posible, sale poca plata, nos va a hacer mejores, hagámoslo de una buena vez. 

Supondría pasar de la brujería a la medicina.

 

Jaime Saavedra