Policía y seguridad penitenciaria (1)

Hace mucho, no sé cuánto, que todos o casi todos asociamos el orden y la seguridad a la presencia policial. Sin meterme en honduras muy sofisticadas, cuya importancia advierto, y a los solos efectos de presentar esta reflexión, defino el estado de orden y seguridad como aquel estado en donde las cosas transcurren como está previsto que transcurran y en el cual todas la personas que en él viven puedan estar tranquilas, sin tensiones injustificadas, sin miedo a ser agredidas o violentadas en ninguna dimensión. En nuestro imaginario, que tal estado sea posible requiere de la presencia policial de modos muy diversos.

El sistema de cárceles no es ajeno a esta creencia ampliamente compartida. Psicológica, intelectual y emocionalmente quienes trabajan en el sistema, y el ciudadano común también, suscriben, casi sin pestañear, que es la policía la que garantiza el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios. 

Pero, querida gente, conviene que veamos este asunto con un poquito más de cuidado. Quizás, o sin quizás, un estado de cosas razonablemente armonioso en las unidades penitenciarias tenga que ver con otras cuestiones, algunas infinitamente simples, y la presencia policial sea un factor de cuarto o quinto orden. 

Veamos qué pasó en mi gobierno progresista, desde el 2010 al 1º de marzo del 2020, al considerar la procedencia profesional de quienes ocuparon los puestos más relevantes del sistema de cárceles y de sus unidades más complejas: por un lado en la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, y por otro en las direcciones de las unidades más complejas y pobladas: Comcar, penal de Libertad y cárceles de Canelones, de Rivera y de Maldonado.

La Dirección Nacional del INR fue ejercida por policías de alto grado el 85 % del tiempo —ocho y medio de los diez años analizados—. Debe repararse, además, que las dos personas civiles que ejercieron la Dirección Nacional no llegaron porque fueran elegidas expresamente por las autoridades sino por circunstancias inesperadas. En el primer caso, porque un desgraciado episodio en el penal de Libertad le cuesta el puesto al director nacional, que era policía. En el segundo caso, ya cerrando la administración, la fuga de Morabitto le cuesta la Dirección Nacional y asume otro civil.

En el Comcar, Maldonado, Rivera y el penal de Libertad, la dirección fue ejercida por policías sin solución de continuidad, 100 % del tiempo considerado.

La cárcel de Canelones fue dirigida por policías durante ocho años y medio, el 85 % del período.

Vale la pena señalar también que en muchos casos, esto es muchos años, los policías seleccionados para los puestos analizados provenían del sector más duro de la Policía Nacional, esto es la Guardia Republicana.

En fin, podríamos seguir analizando otras funciones vinculadas a la seguridad y al orden en el sistema carcelario con esta lupa elegida, pero creo que no es necesario para introducir la reflexión que me propongo compartir en sucesivas entradas.

Como puede observarse, si sumamos funciones elegidas, perfil profesional, cantidad de años sobre el total considerado, el peso de la policía en el sistema carcelario es de enorme envergadura.

Ni que decir tengo, estimada gente, que parece que sigue habiendo problemas para dominar el orden y la seguridad en el sistema carcelario. 

Le ha ocurrido a mi gobierno creo, lo siguiente: el modo en que se comprende el problema define las prácticas. Por decirlo muy gruesamente: si comprendo el problema penitenciario como un gigantesco desafío pedagógico y democrático, mis prácticas serán unas. Si lo comprendo como un territorio en el que hay un conjunto de revoltosos de distinto calibre a los que tengo que inhabilitar durante tanto tiempo como la justicia lo permita, serán otras.

Estos textos quieren ser breves, de modo que las reflexiones sobre este asunto continuarán en la próxima entrada.

Jaime Saavedra